En agosto del año pasado, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, tras más de un año de juicio, cerró el caso SQM en el que se acusó a ocho imputados de presunto financiamiento ilegal de la política, todos quienes fueron absueltos, entre los que se encontraba el exministro de Economía,Pablo Longueira; el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

Hace algunas semanas, el mismo tribunal dio lectura a la sentencia, cerrando así, al menos en primera instancia, el caso. Sin embargo, y a pesar de que se trata de una causa que se inició hace 12 años, el término del caso está lejos de suceder. Ahora la causa llegó -en parte- hasta la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que Carmen Valdivieso, exasesora de Longueira y Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI, presentaran un recurso de protección en contra de la sentencia.

El requerimiento de Valdivieso y Cavieres busca revertir parte de la resolución de las magistradas María Teresa Barrientos, Claudia Santos y Carolina Paredes, quienes resolvieron no condenar al Ministerio Público -y a los querellantes- al pago de costas del caso, tras un juicio que se extendió por 560 jornadas.

Esa pretensión es rechazada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, ente persecutor que indagó el caso que inició el 2014. Así, en un escrito representado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, pidieron al tribunal de alzada capitalino rechazar el requerimiento de las acusadas.

La posición de Perivancich

La apelación ingresada por Valdivieso y Cavieres apunta que en su calidad de imputadas debieron incurrir en millonarios gastos durante los casi 12 años que duró el caso.

Pero además de eso, y en términos jurídicos, acusan que la Fiscalía no tenía motivos plausibles para litigar. Aquello es uno de los puntos primordiales del requerimiento, ya que, los tribunales en general condenan al Ministerio Público cuando acreditan que el ente persecutor no tenía antecedentes para causar a una persona.

Sin embargo, y luego de que el tribunal declarara admisible la apelación de las acusadas, la fiscal Perivancich ingresó un escrito para que la Corte de Santiago revierta dicha resolución y declare inadmisible la apelación de Valdivieso y Cavieres. “El Tercer Tribunal Oral de juicio oral en lo Penal no debió declarar admisible los recursos planteados”, sostiene inicialmente el escrito del Ministerio Público.

En particular, afirma que existen dos argumentos para revertir la admisibilidad del escrito. El primero, plantea, es que el Código Penal “es claro en señalar que las resoluciones dictadas por un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no pueden ser objeto de recurso de apelación (...) en esa línea, al ser precisamente la sentencia definitiva ya identificada una que proviene de un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el recurso de apelación era improcedente”.

En segundo término, el escrito de la fiscal Perivancich cita una serie de resoluciones de la Corte Suprema en la que se ha resuelto casos similares, concluyendo que “la declaración de la excelentísima Corte tiene peso de cara a esta alegación de inadmisibilidad porque, de acuerdo con nuestro sistema recursivo en materia penal, las sentencias interlocutorias cuentan con un recurso para ser impugnados, esto es, el recurso de reposición”.

“De todo lo dicho, estima el Ministerio Público que ha quedado en claro que el recurso de apelación, en los términos planteados, no cuenta con sustento normativo para ser declarado admisible y, por tanto, debe ser desechado in limine (’al comienzo’ en latín)”, concluye el escrito.