Bajo el marco del Programa País 2023–2026, realizado por la Unicef y el gobierno, surgió el informe “Evaluación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN)” que analiza el funcionamiento de estas como eje territorial del sistema de garantías.

El dossier, en el que también participaron el Centro de Justicia y Sociedad de la UC y la Subsecretaría de la Niñez, ahonda en la arquitectura de protección a la infancia que existe en Chile. Es decir, el despliegue de las mencionadas OLN y el funcionamiento del Servicio de Protección Especializada (SNPE).

Candy Fabio, Oficial de Protección de Unicef, señala que la evaluación de las Oficinas Locales de la Niñez revela que el modelo es pertinente y que ha avanzado de manera significativa en su instalación territorial. “Han permitido acercar el Sistema de Garantías a las comunas, fortalecer la gestión integrada de casos, promover una lógica preventiva y mejorar la articulación con servicios locales, especialmente en ámbitos como salud y educación”, explica.

Fabio señala que, en términos generales, las evaluaciones muestran que Chile está en un proceso de transición. En dicho contexto, la situación es moderadamente positiva, aunque con desafíos importantes pendientes. “Ambas evaluaciones muestran avances relevantes en la implementación de la nueva institucionalidad de protección de la niñez, a través de una normativa robusta, con evidencia de resultados favorables en ámbitos como la gestión de casos, la reducción de riesgos de vulneración, la promoción territorial y el fortalecimiento progresivo de la articulación institucional”.

Sin embargo, añade Fabio, estos avances continúan limitados por factores estructurales, “entre ellos la insuficiente oferta especializada y operativa en cada territorio donde se requiera, la sobrecarga de los equipos, problemas de estabilidad de profesionales y desafíos de coordinación y gobernanza que afectan la consolidación del sistema”.

“La evaluación consideró 276 OLN de los primeros ciclos de implementación y combinó análisis documental, datos administrativos, encuestas a profesionales, entrevistas, grupos focales y estudios de casos. Esta amplitud metodológica permite sostener una conclusión importante: la institucionalidad local está avanzando y en diversos territorios comienza a producir resultados intermedios verificables”, añade Fabio.

Sin embargo, considera que los hallazgos también advierten tensiones relevantes. “La implementación progresiva de la oferta ha coexistido con programas antiguos, nuevos y reformulados, lo que produce desafíos de coherencia, continuidad y especialización. La evaluación identifica brechas frente a problemáticas de alta complejidad, como salud mental, explotación sexual, vida en calle, consumo problemático y violencia, junto con listas de espera, demoras de diagnósticos, limitada interoperabilidad y una coordinación intersectorial que todavía no siempre logra respuestas vinculantes”.

El informe señala que el 81,9% de los niños, niñas y adolescentes que completaron su plan en las OLN lograron reducir al menos un riesgo de vulneración. Así como también sostiene que la atención aumentó un 196% entre 2023 y 2025. La cobertura en las comunas más vulnerables del país saltó de un 2,3% a un 6,8%.

Otras cifras interesantes que deja el documento dicen relación con que, “aunque el 81% de las comunas cumple sus metas de promoción, persiste una alta brecha de interoperabilidad y coordinación entre las OLN, el Servicio y los Tribunales de Familia”.

En relación al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE), sostiene que a la fecha, solo el 30% de los proyectos y el 31,3% de las plazas corresponden a la “nueva oferta” diseñada por ley, conviviendo aún con la oferta heredada del antiguo Sename.

Fabio comenta que también se observa que los sistemas de monitoreo e indicadores tienden a medir más el cumplimiento de acciones que los cambios efectivos en la vida de niños, niñas y adolescentes. “Leídas en conjunto, ambas evaluaciones entregan un mensaje común: Chile cuenta con una arquitectura institucional más robusta que antes, pero esa arquitectura todavía está en proceso de convertirse en una respuesta pública plenamente integrada”, establece.

El documento también pone sobre la mesa cómo la prevención municipal (OLN) es la única vía real para descongestionar la crisis del Servicio de Protección Especializada.

La evidencia demuestra que en la medida en que las OLN frenen los riesgos a nivel comunitario, menos niños terminan en residencias o programas complejos del Estado. Esto, según indica, hará que Chile transite de un modelo reactivo a uno preventivo y territorial.

“La inversión y el financiamiento es sin duda uno de los desafíos más relevantes. No es solo financiamiento para atender a más niñas, niños y adolescentes, sino también, para sostener en la práctica, el diseño establecido en las normativas o en la propia ruta que el país se ha dado a través de la implementación de esta política pública destinada a la protección efectiva de toda la niñez y adolescencia en el país”, finaliza Fabio.